En diálogo con el equipo de la Red Panorama, Santiago Lambertucci, presidente de la Unión Vecinal, denunció presuntas irregularidades en la adjudicación de una obra pública, luego de que se rechazara la oferta de la empresa HALAC, que había presentado la cotización más baja. 
Según explicó, se trató de un error menor en el índice del presupuesto, que omitía dos medidas de caño pero estaban correctamente detalladas en la lista de materiales. A pesar de eso, se le adjudicó la obra a otra firma por un monto 15 millones de pesos más alto.
Lambertucci afirmó que el dictamen técnico del 3 de junio, que recomendaba adjudicar a HALAC por ser la más barata y cumplir con los requisitos, fue reemplazado por otro fechado el 13 de junio. La versión original, incluso, había sido enviada al grupo del Concejo Deliberante. El cambio de documentos encendió las alarmas y llevó a la oposición a presentar un rechazo formal ante el Tribunal de Cuentas, donde se discute la validez de la nueva adjudicación. 
El dirigente aseguró que uno de los tribunos oficialistas ya habría firmado a favor de la empresa Aconetani, mientras se espera la definición del segundo. Sostuvo que, si se confirma el nuevo dictamen, correspondería que la empresa HALAC inicie acciones legales. En paralelo, destacó que los representantes opositores ya rechazaron la adjudicación por considerar que no hubo motivo válido para descartar la propuesta más conveniente.
La sospecha más grave es que el dictamen original habría sido modificado cuando el expediente aún se encontraba en la oficina de Obras Públicas. Lambertucci sugirió que el secretario del área rompió la hoja inicial para insertar un nuevo informe que favoreciera a otra empresa. Aunque no hay prueba material del reemplazo, las diferencias entre la copia foliada y el expediente actual fueron denunciadas públicamente.
La Unión Vecinal insiste en que el Ejecutivo debe brindar explicaciones ante el Concejo, pero hasta el momento nadie se presentó. “Es un desorden total, un chiquero. La licitación tiene que respetarse y adjudicarse a la empresa más barata, porque se trata de recursos públicos”, remarcó Lambertucci. Además, consideró que la “falta de respuestas” también puede “implicar responsabilidades políticas”.
Desde el espacio opositor anticiparon que seguirán reclamando transparencia y exigirán que los funcionarios involucrados comparezcan ante el Concejo Deliberante. “No podemos dejar todo así”, concluyó Lambertucci, y señaló que, si se confirma la nueva adjudicación, además del perjuicio económico, se estará avalando una “maniobra que pone en duda la legalidad del proceso licitatorio”.