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En la provincia de Córdoba funcionaron cinco principales Centros Clandestinos de Detención durante la última dictadura cívico-militar, que se inició con el golpe de Estado del 24 marzo de 1976 y se extendió hasta diciembre de 1983.
Cada uno de esos espacios formó parte de un plan sistemático de terror y exterminio cuyos instrumentos fueron el secuestro, la tortura y la desaparición forzada de personas por razones políticas. Durante los 40 años de democracia se dieron avances y retrocesos en las luchas por la memoria, la verdad y la justicia; con el nuevo siglo, se reanudaron los juicios por delitos de lesa humanidad y los organismos de Derechos Humanos, y el Gobierno de Córdoba, impulsaron una ley de memoria que recuperó tres de los CCD más importantes y en la actualidad son espacios para la memoria y promoción de los derechos humanos.
La Perla, Campo La Ribera y el ex departamento de informaciones de la Policía también conocido como D2 se pueden visitar desde hace más de una década y también se pueden recorrer de manera virtual a través de un proyecto que desarrolló la Universidad Provincial de Córdoba.
“Se trata de reconstruir un sistema clandestino de represión donde cada sobreviviente va aportando datos, los vecinos y familiares de las víctimas también relatan lo que vieron, y el desarrollo de los juicios prueba y confirma esas informaciones. Todo es parte de una investigación que ya lleva muchos años y que todavía está incompleta, porque siempre falta conocer datos, aún cuando ya se sabe mucho”, explica la investigadora Vanesa Garbero sobre la importancia de preservación de estos espacios a lo largo de los 40 años de democracia y con el Estado provincial como garante de políticas públicas de verdad, memoria, justicia, reparación y lucha contra la impunidad.
Garbero es Investigadora Asistente de CONICET en la Universidad Provincial de Córdoba, y profesora asistente en el Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba.
Historia y contexto
El popularmente conocido como D2, que antes era el Departamento de Informaciones de la Policía, funcionó como “un nexo central entre militares y policías para ejecutar y llevar a cabo lo que fue la persecución, tortura y distribución estratégica de prisioneros a otras dependencias tanto policiales como militares”, explicó la investigadora. El edificio está en el centro de la ciudad de Córdoba, rodeado de departamentos, bares y oficinas, comercios, entre la Catedral y el Cabildo Histórico, a 50 metros de la Plaza San Martín.
Allí funciona actualmente la Comisión y Archivo Provincial de la Memoria, que abre sus puertas como espacio de memoria en 2008. Guarda “un acervo documental enorme ligado a lo que fue la represión policial y militar durante la década del 60 y del 70, construido a partir de relevar los materiales en todas las comisarías de la provincia de Córdoba, pero también por acervos documentales que fueron donados por la Universidad Nacional de Córdoba, por el Servicio Penitenciario y por el Arzobispado de Córdoba, además de un archivo oral que reúne entrevistas a diferentes referentes”, detalló.
Por otra parte, La Perla fue, después de la ESMA y de Campo de Mayo, el tercer centro clandestino más grande de la Argentina, desde donde se organizó la actividad represiva ilegal de toda la provincia. “Fue centralmente un lugar de exterminio, porque de los entre 2.200 y 2.500 secuestrados y secuestradas que allí estuvieron, se estima que sólo 200 son sobrevivientes. La mayoría del resto aún permanece desaparecida”, indicó Garbero.
Se trata de un predio del Ejército ubicado en ruta 20, entre Villa Carlos Paz y Córdoba, que funcionó como centro clandestino desde marzo de 1976 hasta diciembre de 1978. “Por su ubicación estaba relativamente alejada de los centros urbanos, aunque no tan lejos de Malagueño”, señaló la investigadora.
La Perla continuó funcionando como unidad militar hasta 2007, cuando el Gobierno nacional ordenó el desalojo y se concretó la transferencia del predio a la Provincia de Córdoba y al Archivo Provincial de la Memoria. En 2009 abrió sus puertas como espacio de memoria.
Por último, Campo La Ribera fue un centro clandestino de detención, tortura y exterminio hasta junio de 1978, en lo que son instalaciones de una vieja cárcel militar ubicada en barrios densamente poblados del sudeste de la ciudad de Córdoba. Las investigaciones estiman que por ese espacio pasaron alrededor de cuatro mil personas, casi el doble que en La Perla. Pero además La Ribera era muchas veces un centro de detención y derivación hacia otros centros clandestinos, cárceles o la libertad condicional. “Se calcula que de esas cuatro mil personas, 115 están desaparecidas y más de 600 sobrevivieron”, detalló la especialista.
Después de funcionar como centro clandestino de detención, Campo La Ribera volvió a ser una cárcel militar hasta 1986. Luego, alojó a tres centros educativos desde 1990 hasta 2009, cuando tras disputas políticas y sociales entre organismos de derechos humanos, Gobierno y vecinos, en 2010 se transformó en sitio de memoria.
De centro a espacio
Para Garbero es importante poder reconstruir los procesos de lucha social, política y simbólica por parte de organismos de derechos humanos sobre cada uno de los tres espacios de memoria porque sus transformaciones, obras y actividades son producto de luchas colectivas y voluntades políticas, en un contexto internacional de expansión de los memoriales, museos y monumentos a escala global. Estos espacios son producto de políticas públicas que no se llevan a cabo en todos los países del mundo en donde hubo centros clandestinos de detención.
“Dar cuenta de ese proceso es recorrer 40 años de políticas públicas, que son los 40 años de democracia”, destaca.
La investigadora señala además, citando a teóricos sociales, tres momentos en la historia reciente Argentina que atravesaron a los centros y los transformaron en espacios de reparación simbólica gracias a la decisión gubernamental de escuchar los reclamos de organizaciones sociales: 1) funcionaron como prueba judicial; 2) como materialidad para sostener las disputas por los sentidos del pasado; y 3) finalmente como espacios de diálogo, investigación y divulgación de lo ocurrido durante el terrorismo de Estado para reconocer públicamente la violación a los derechos humanos que ocurrió en esos lugares, construir memoria a través de la pedagogía y promover los derechos humanos.
Con fuerza de ley
En el trigésimo aniversario del golpe de Estado, es que la Legislatura de la provincia de Córdoba aprobó por unanimidad en marzo del 2006 la ley 9.286 conocida popularmente como Ley de Memoria y que definió la creación de la Comisión y el Archivo Provincial de la Memoria, un organismo de autonomía funcional ejecutado con fondos provinciales, y la preservación de los espacios de memoria.
En la actualidad, La Perla tiene en relación a los otros dos espacios una mayor visibilidad pública. Recibe anualmente a más de 10 mil visitantes, en su mayoría estudiantes que llegan al predio y recorren los edificios bien conservados que fueron utilizados como centro clandestino de detención, tortura y exterminio para hacer recorridos pedagógicos y conocer los testimonios de los sobrevivientes que estuvieron allí detenidos.
Visitas
Los tres espacios se pueden conocer de manera virtual a través de la web excentrosclandestinoscba.upc.edu.ar
Además se pueden visitar personalmente con entrada gratuita. El Museo de Sitio del Archivo Provincial de la Memoria está abierto de martes a viernes de 10 a 16; las visitas al Museo de Sitio del Espacio para la Memoria La Perla se realizan de martes a viernes de 10 a 17; y en Campo La Ribera el Museo de Sitio del Espacio funciona de lunes a jueves de 10 a 14.