A partir de la información respecto a que habría salido un fallo en contra del Municipio referente al impuesto a las valijas, donde la Justicia le habría otorgado la razón a la parte demandante, es decir dos empresas automotrices, dialogamos con el Dr. Eduardo Krivoruk quien confirmó esta información y brindó algunos detalles del caso.
En este caso particular dos empresas automotrices (Fiat Argentina y Peugeot Citroën) iniciaron una demanda a partir de una tasa de contribución comercial que exigía el Municipio.
Estas dos empresas pagaron el tributo y posteriormente reclamaron vía judicial la inconstitucionalidad de la ordenanza y la devolución del tributo que había pagado y que ellos estimaban no correspondía.
En el año 2015 salió el fallo de la Cámara de Marcos Juárez haciendo lugar a las demandas de las automotrices y ordena a la Municipalidad a devolver el dinero pagado como parte del tributo y que los costos del juicio sean abonados por cada parte a sus letrados.
Los clientes no estuvieron conformes con esta parte del fallo y se presentó una apelación ante el Tribunal Superior. El 15 de Marzo del año 2017 el Tribunal Superior hizo lugar al recurso de casación y condenó en costas al Municipio, es decir además de ordenar el pago del capital e intereses también debe soportar los costos del juicio.
En su momento, es decir en el año 2009 el capital de parte de la firma Fiat era por la suma cercana a los 500 mil pesos y Peugeot no llegaba a los 100 mil pesos. Estos valores fueron actualizados y en el caso de Fiat es por la suma aproximada a un millón cuatrocientos mil pesos y estimativamente entre 250 mil pesos o trescientos mil pesos para Peugeot, más costos de honorarios y aportes judiciales, la cifra total sería cercana a los dos millones de pesos.
La sentencia ordena la devolución inmediata del dinero dentro del plazo de 10 días una vez quedado firme el fallo, aunque los Municipios tienen una prorrogativa especial donde se puede ejecutar cuatro meses después de la firma de la sentencia. Actualmente ya estamos ejecutando las sentencias pidiendo el cobro efectivo, aunque no quita que se pueda llegar a un acuerdo entre las partes para que el municipio pueda pagar en cuotas.